Cómo formalizar el paso de una gestión edilicia a otra.

Editorial diario el Comercio

Varias reflexiones suscita la auditoría que ha hecho la nueva administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre la gestión de Castañeda Lossio. El asunto viene precedido de un acalorado enfrentamiento verbal propiciado por voceros de Solidaridad Nacional, que acusan a la alcaldesa Susana Villarán no solo de revanchismo, sino de actuar “como un instrumento al servicio de la campaña del ex presidente Toledo”, acusación ciertamente grotesca.

Miércoles 16 de marzo de 2011 - 07:00 am

Puede cuestionarse la oportunidad en que se da, así como la explicación y los comentarios políticos de la alcaldesa sobre la auditoría, que podrían ser innecesarios. Pero, no queda duda de que la auditoría es un procedimiento indispensable cuando se hace un corte entre una gestión y otra, tanto en el ámbito privado como público. La premisa básica es que tenemos que saber de dónde partimos, con qué recursos, potencialidades y falencias, para poder avanzar hacia los objetivos trazados y delimitar el ámbito de nuestra responsabilidad presente y futura.

No se puede entonces descalificar a priori una auditoría, y menos descalificar a quienes la promueven achacándoles una motivación adjetiva o política. Es más, constituye un exceso que los incondicionales de Castañeda Lossio lleguen a sugerir que promoverán la revocatoria de Villarán, lo que aparte de ser una maniobra desesperada, amedrentadora e inconsistente, es un procedimiento legalmente imposible en el primer año.

En cuanto a los resultados concretos, la auditoría llama la atención sobre el uso excesivo de organismos internacionales –como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)– “para ejecutar un total de 178 obras (33 aún sin terminar) en las que se usaron S/. 1.211 millones, cifra que representa el 48% de la inversión total de Lima”. Y, aparte de “evadir la fiscalización y la rendición de cuentas en los ocho años de gestión de Castañeda”, no se tiene claro lo que se pagó a la OIM.

Otro aspecto crucial de la auditoría se refiere a las obras sin acabar o que terminaron costando más, entre las cuales las más significativas son el túnel Santa Rosa, que “sufrió un importante desprendimiento de rocas que ha obligado a paralizar temporalmente las obras”; el mercado de Santa Anita; el Teatro Municipal cuya remodelación incrementó su presupuesto de S/.42 millones a S/.67 millones; y el intercambio vial Av. Primavera-Av. Caminos del Inca, que tiene un aumento de 80% del presupuesto.

En cuanto al Metropolitano la auditoría concluye que “el presupuesto de las obras más que se duplicó en los ocho años que duró su ejecución, pasando de poco más de 400 millones a 1.000 millones de soles […] y aun así, con tanto tiempo y tanta inversión, será preciso invertir 60 millones más para subsanar fallas de diseño”.

En suma, se trata de una serie de graves señalamientos que deben ser aclarados, con argumentos técnicos y no políticos. La transparencia es un imperativo absoluto en cualquier gestión y debe ejercitarse de modo permanente a lo largo de todo el período de gobierno, para que los vecinos, ciudadanos y contribuyentes sepan qué hacen las autoridades elegidas con los recursos.

Aparte, debe definirse formalmente el marco legal y técnico, así como el cronograma de cambio de gobierno municipal y la presentación de memorias, balances y presupuestos. Todo ello con fechas y procedimientos precisos y no arbitrarios, que pudieran ser fiscalizados por la contraloría, de modo que se cumpla con la ley y con los electores, sin dar lugar a suspicacias, estrategias o contraestrategias propagandísticas que hacen flaco favor al sistema democrático, sobre todo cuando se coincide con elecciones generales, como ahora.

En el distrito de Punta Negra,.......

LOS VECINOS ESPERAMOS QUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA     INFORME A LOS VECINOS POR QUE HASTA LA FECHA NO SE HA REALIZADO UNA AUDITORIA A LA GESTIÒN MUNICIPAL DEL PERIODO 2007-2010 TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Y LA LEY DE TRANSPARENCIA.