Según el Ministerio Público, los funcionarios habrían utilizaron sus cargos para contratar a "proveedores fantasmas" entre los años 2012 y 2013. En complicidad con tres trabajadores públicos, habrían hecho uso de documentos falsos (proformas, cotizaciones, recibos por honorarios de proveedores) para generar el pago de servicios no realizados, tales como: mantenimiento de vías y veredas, pintado y limpieza, obras de prevención, señalización, elaboración de planos, entre otros.
La Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima Sur basó su pedido de prisión preventiva en que los imputados podrían fugar u obstaculizar el proceso. Esto debido a que se han ausentado a las citaciones, no entregaron información requerida por la fiscalía y trataron de inducir a otras personas para que cambien su versión de los hechos.
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